«Antes llamaban al 112 o al Seprona, ahora nos llaman a nosotros». Rafael Sánchez, secretario de la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de Segovia (Apafma), se ha propuesto como toda la junta directiva elegida a finales del 2009 llegar a ser conocidos en todos los territorios donde actúan, las nueve comarcas forestales en las que está dividida la provincia, y que la población sepa cuáles son sus cometidos. Conocidos de siempre como guardas forestales, o simplemente guardas, esta denominación a extinguir será sustituida de forma oficial por la de agentes medioambientales, acorde con sus funciones de gestión y vigilancia. En la asociación están la mitad del centenar de agentes que hay en toda la provincia, entre ocho y catorce en cada una de las comarcas forestales.
Aunque su imagen se asocia con las torretas que se elevan sobre los bosques, los agentes medioambientales hacen mucho más que vigilar la fauna y la flora o los incendios. Son agentes de la autoridad, según les reconoce la Ley de Montes, y de policía judicial genérica, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que disponen de capacidad y habilitación legal para denunciar infracciones administrativas o delitos medioambientales. Y lo hacen, constantemente, en muchas más materias de las que cree el conjunto de los ciudadanos. Una de las principales, la supervisión de cómo se gestionan los montes, les permite apreciar que los de utilidad pública «están al día» y que la mayoría de las fincas privadas, sin embargo, se están viendo afectadas por el progresivo abandono de los pueblos.
Los agentes medioambientales son titulados en formación profesional de grado superior como técnicos de gestión de recursos naturales. Con este título pueden trabajar para empresas privadas, pero lo normal es que acaben formando parte de la Administración, en este caso de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Investigar los incendios
Todas sus tareas son importantes, aunque las más llamativas están relacionadas con los incendios forestales, la vigilancia, la extinción y la investigación de sus causas. «No estamos en las torretas como cree la gente -señala Sánchez- sino que hacemos guardias de 24 horas, acudimos a los humos que nos dice la central del Servicio Territorial de Medio Ambiente y, cuando llegamos, pedimos los medios necesarios para extinguir el fuego y tomamos las primeras decisiones antes de que lleguen los técnicos».
En este apartado, la asociación se ha marcado una línea de trabajo encaminada a que «los agentes medioambientales seamos los únicos que investiguen las causas de los incendios», porque las pruebas que recojan, además de las que consigan la policía judicial o el Seprona, y los atestados que realicen son válidos ante los tribunales, advierte Sánchez.
Otra línea de trabajo es la de realizar un seguimiento de los anfibios que existen en los diversos ecosistemas de la provincia, tanto porque el estado de las poblaciones de las distintas especies es uno de los mejores indicadores de la calidad de las aguas y del medio ambiente que las rodea como porque «sobre los anfibios, en general, hay un gran desconocimiento».
En el ámbito de la vigilancia, los agentes tienen competencias en los espacios naturales y fuera de ellos siempre que afecten a la fauna o la flora. Así, una de las tareas más importantes es la de controlar los ruidos y el acceso a los montes en temporada de nidificación y cría de las aves protegidas. Pero también realizan muchas otras relacionadas con la caza -control de monterías, de la munición empleada, la documentación, los perros, los recechos, la lucha contra el furtivismo (para la que necesitarían ampliar los cometidos)-, la pesca del cangrejo, el control de los cotos de pesca, los útiles y permisos y, entre otros, los relacionados con la roturación de terrenos y todo lo relacionado con canteras y graveras que pueda suponer un impacto al medio ambiente.
Gestión
Las otras funciones de los agentes forestales tienen que ver con el seguimiento y control de los montes de utilidad pública, es decir, todo lo relacionado con los aprovechamientos de leña y madera, las solicitudes de corta y limpieza en las fincas particulares, los permisos de quemas controladas, la información sobre las ayudas a la reforestación o a los trabajos silvícolas, el control y seguimiento de las plagas forestales (aconsejando los tratamientos a seguir y colocando trampas para los insectos) y también la de proponer cambios, por ejemplo, en las obras de abastecimiento que puedan afectar a zonas de alto valor ecológico.
Y no deja de resultar curioso que los agentes también se dediquen a poner trampas en determinados ríos para capturar especies invasoras, como los visones americanos que proliferan en muchos cauces desde que hace unos años escaparan algunos ejemplares de un criadero de El Espinar. Aunque parece más obvio su cometido para llevar a cabo el censo y seguimiento de las especies protegidas, la recogida de animales heridos para llevarlos al centro de recuperación o el desarrollo de todo un protocolo de actuación en caso de envenenamiento que puede derivar en un proceso por delito medioambiental. No obstante, una de las cuestiones que les causa más quebraderos de cabeza, porque la aplicación de la normativa es complicada, es la relacionada con los vertidos, tanto en vertederos ilegales como a los ríos.
