«La oferta es muy beneficiosa y ajustada para Castilla y León», señaló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en relación con la valoración del traspaso de la gestión de la Justicia para Castilla y León. Un coste de 119 millones de euros que el Gobierno de Zapatero ha puesto sobre la mesa para cerrar la transferencia y que la Junta considera «insuficientes» porque, señala, la valoración es del 2008 y quedan fueran partidas relevantes, como la financiación de la justicia gratuita y los efectos en los gastos corrientes de la implantación de la oficina judicial y del plan de informatización.
Castilla y León sigue pendiente también de la transferencia de la gestión del Duero. Fue la propia vicepresidenta del Gobierno quien puso sobre el atril ambos asuntos tras su encuentro de ayer con el presidente de la Junta en el Colegio de la Asunción de Valladolid. La portavoz del Gobierno enfatizó que «ya hubieran querido otros territorios» (también se negocia la transferencia de la Justicia con Castilla-La Mancha) y recordó «el esfuerzo presupuestario que el Gobierno ha hecho en los últimos años para modernizar las sedes judiciales de Castilla y León».
«Aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para pedir a la vicepresidenta que nos ayude a llegar a un acuerdo porque queremos asumir esa competencia para mejorar el servicio a los ciudadanos», argumentó el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien consideró «insuficiente» el coste que ofrece el Ejecutivo central para el traspaso y lamentó que la negociación esté «en punto muerto».
El asunto de la Justicia provocó cierto rifirrafe, durante el que en ningún momento perdieron las buenas formas ni la sonrisas. Pero De la Vega vino a advertir a Herrera de que los 119 millones que ofrece el Gobierno son más que razonables, y zanjó el tema al asegurar que está «convencida de que le voy a convencer». Sin embargo, hoy por hoy, parece poco probable el acuerdo, ya que la Junta asegura que la cifra de 119 millones de euros se valoró en el 2008 y considera «imprescindible» actualizar los datos, entre ellos los gastos de personal que la Consejería de Hacienda evalúa en 4 millones más de los que ofrece el Ministerio de Justicia. A este gasto habría que añadir el coste de la justicia gratuita y los efectos en los gastos corrientes generados por la oficina judicial y por el plan de informatización.
La gestión del Duero
En cuanto al traspaso de la gestión del río Duero a Castilla y León, María Teresa Fernández de la Vega destacó que «hay que buscar la fórmula jurídica adecuada porque el asunto es complejo», ya que se ve implicado un segundo país, Portugal, pero también aseguró que «los castellanos y leoneses tienen la garantía de que el Gobierno va a agilizar los trabajos» para cumplir con esta transferencia como se recoge en el marco estatutario.
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