Los concejales en el Ayuntamiento de Medina del Campo solicitaron en la reunión del pleno de enero, el cese del concejal de Personal de sus funciones. La petición es la respuesta a la sentencia emitida por el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el pasado 11 de diciembre se pronunció a favor de UGT en el recurso presentado por el delegado del sindicato en el ayuntamiento medinense, Pedro Estévez, para impugnar el acuerdo del Pleno de 28 de enero del 2008 en el que se aprobaba el presupuesto municipal para ese año, que incluía la contratación de plantilla de personal sin una mesa de negociación.
En la última sesión plenaria se acordó tras un largo debate no llevar a cabo esta sentencia judicial que afecta a la plantilla, porque hubiera dejado en la calle a veinte trabajadores.
Para el portavoz de Izquierda Unida, la decisión es casi un chantaje, además de «haberse hecho un uso indebido de la justicia» manifestó el portavoz de esta fuerza política, Francisco de la Rosa.
En el mismo sentido se manifestó el portavoz adjunto del PSOE, Alfredo Losada, quién justificó el apoyo al equipo de gobierno, para no ejecutar la sentencia «por el bien de los trabajadores», y recordó que ésta es la sentencia número once contra el ayuntamiento por lo que pidió el cese del concejal de personal en la mesa de negociación.
José Medina, concejal en el ayuntamiento sin representación de ningún partido político, mostraba su repulsa por la actuación conjunta del PSOE y el PP, junto al sindicato UGT, y volvía a solicitar la dimisión del concejal de Personal, Fernando Alonso.
El Portavoz de Unión del Pueblo Medinense, el único que no solicitó la destitución del concejal de Personal, lamentó que un ayuntamiento como el de Medina del Campo, con más de veinte millones de euros de presupuesto y doscientos cincuenta y cuatro empleados, «se vea inmerso en causas judiciales», señaló.
«Arma arrojadiza»
La respuesta del concejal de Personal, que no dimitirá, se centró en reconocer que el juzgado tenía razón, aunque lamentó que «esta sentencia se esté usando como arma arrojadiza para negociar», denunció Fernando Alonso.
Tras el debate, el pleno acordó finalmente no cumplir la sentencia y solicitar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que la dé por ejecutada.
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