La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega , durante una rueda de prensa. / Archivo
Objetivos de la ley
Ámbitos de aplicación
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado la ya conocida aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, una nueva norma con la que el Gobierno pretende impulsar el cambio del modelo económico español y que acompañará de una estrategia que durará hasta 2020. La ley es uno de los compromisos asumidos por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el último Debate del Estado de la Nación, celebrado en mayo, pero se conocían pocos detalles sobre su contenido.
La números dos del Ejecutivo, que ha resaltado la implicación de todo el Gobierno y, particularmente, de trece ministerios- ha ido desglosando las virtudes -defectos muchas de ellas para la oposición- del nuevo proyecto.
Según Fernández de la Vega, la ley contempla un amplio conjunto de medidas en el sector financiero, en el que introduce más transparencia, en el empresarial, donde favorece "el dinamismo" y en los sectores relacionados con la lucha contra el cambio climático.Contribuirá, entre otros factores, a la internacionalización de las empresas, impulsar la investigación y el desarrollo, la reforma de la desgravación en la compra de vivienda o la incentivación del alquiler, en un "marco energético sostenible" para alcanzar los objetivos propuestos para el horizonte de 2020.
Según la vicepresidenta, son medidas "muy ambiciosas" que el Gobierno encara con "espíritu constructivo", de diálogo y consenso, y que forma parte del proyecto "reformista y modernizador" anunciado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate del estado de la Nación, para promover un modelo económico más justo y sostenible.
Por ello, Zapatero comparecerá la semana que viene en el Parlamento para explicar la estrategia para el crecimiento económico sostenible y, en la siguiente, se hablará también en la conferencia de presidentes a la que han sido invitados los agentes sociales. Concluyó que el Gobierno "quiere contar con todos" porque en esta tarea "hay mucho en juego".
Energía y reducción de emisiones
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, presente también en la rueda de prensa junto a De la Vega, ha anunciado que, entre otras disposiciones, el anteproyecto de Ley prevé la creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la Administración central y las autonomías en materia energética, y ayudará a contar con una "buena planificación del suministro eléctrico" y garantizar la "estabilidad de la red".
La ministra ha avanzado que la norma también prevé la constitución de un fondo público para la compra de créditos de CO2 y la creación de un sello para la certificación de reducción de emisiones.
Asimismo, se revisará el plan estatal de infraestructuras del transporte para dedicar una especial atención al transporte de mercancías por ferrocarril y a la intermodalidad.También aumentará la competencia en el ámbito del transporte interurbano regular de autobuses y fomentará los planes de movilidad sostenible.
Salgado ha añadido que la futura ley también impulsará el vehículo eléctrico y fomentará que las administraciones públicas adquieran vehículos no contaminantes. Subraya también que el Ejecutivo "quiere dar ejemplo" en materia de eficiencia energética y, por ello, la norma adelanta en cuatro años el objetivo de reducir en un 20% el consumo energético, es decir, a 2016, en el ámbito de la administración.
Vivienda y alquiler
El Gobierno mejorará la deducción al alquiler, al aumentar la renta mínima para poder disfrutarla, y creará una nueva deducción por obras en la vivienda habitual. Salgado ha confirmado además que la deducción por la compra de vivienda se elimina para todas las rentas con una base imponible superior a 24.000 euros, y se mantiene íntegra para aquellas por debajo de 17.700.
También habrá deducción para las rentas incluidas entre estas dos bases imponibles, aunque será gradual -menor a medida que la renta aumenta-. Salgado ha vuelto a defender la decisión ya anunciada del Gobierno de suprimir la deducción porque, en su opinión, también ha influido en el "crecimiento insostenible" del sector de la construcción en los últimos años.
Por otro lado, ha explicado que la deducción para las obras en la vivienda habitual será del 10% para un máximo de 3.000 euros al año, es decir, cada contribuyente podrá deducirse hasta 300 euros cada ejercicio.
El límite total del gasto deducible por vivienda será de 10.000 euros y esta medida se aplicará para las obras que se realicen hasta finales de 2012. Las obras deducibles tendrán en cualquier caso condiciones y así deberán promover la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación para personas con movilidad reducida.
La ministra de Economía y Hacienda explicó que para incentivar el alquiler se mejorarán los límites de renta que tienen derecho a deducirlo en su declaración.También mejorarán los incentivos fiscales para los arrendadores, con la intención de animar a poner en el mercado las viviendas desocupadas.
El anteproyecto de ley también actualizará la ley el régimen de responsabilidad civil nuclear y fija en cuarenta años la vida útil de las centrales nucleares que operan en España. Esta medida contribuirá a introducir "certidumbre y seguridad" en el sector.
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