Representantes de los padres objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía de todo Castilla y León tienen previsto concentrarse hoy ante la sede de la Junta, en Valladolid, para 'visibilizar' ante la sociedad y la opinión pública, «lo que el presidente Herrera no quiere ver ni escuchar: el malestar de más de 3 000 padres de la Comunidad ante la actitud del Gobierno regional».
A su juicio, desde hace tres años, el Gobierno de Herrera ha jugado con ellos «al ratón y al gato», aunque aseguran que esta situación se ha terminado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha notificado ya 109 sentencias que eximen a 208 alumnos de cursar alguna de las asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía. «Y por si fuera poco, el Tribunal ha dado un toque de atención a la Junta al indicar expresamente que cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas».
Reconocer los derechos
En definitiva, aseguran que el Gobierno de la comunidad, «podría y debería haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándonos tener que acudir a los tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución nos reconoce. Los representantes de los padres objetores tienen previsto leer ante el Palacio de la Asunción un manifiesto con sus principales demandas, «en respuesta a la serie de agravios que les ha infringido la Junta en estos años. En este sentido, destacan que «el decreto autonómico que desarrolla las asignaturas de EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de estas materias escolares», y califican de beligerante la actitud de la Junta con los padres objetores.
Este colectivo dice que Herrera se ha negado reiteradamente a recibirles, a pesar de haberle solicitado una entrevista en tres ocasiones, y que el Ejecutivo ha rechazado adoptar ninguna medida, «para garantizar la neutralidad ideológica de EpC como, exigían las sentencias del Tribunal Supremo de febrero del 2009 y como pedimos los padres objetores al viceconsejero de Educación en el mes de mayo pasado».
«Estamos ante más de cien sentencias favorables a los objetores pero están por notificarse muchas más. Y el TSJ afirma que EpC vulnera derechos fundamentales al imponer una moral de Estado obligatoria», concluyen.
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