No se van a poder instalar allá donde se les antoje, pero lo van a tener más fácil. La adaptación a las disposición de la Unión Europea de la normativa autonómica que regula las autorizaciones de apertura de grandes superficies comerciales flexibiliza y agiliza los trámites y elimina los informes económicos que ahora sí se piden, caso de lo que emite el Tribunal de la Competencia o el Consejo de Comercio de Castilla y León. Éstos pasan a mejor vida, como también lo hacen los actuales cupos de metros cuadrados que establecía el Plan de Equipamientos Comerciales -agotados en el entorno de Valladolid, si Ikea acepta los primeros 18.900 metros ofrecidos por la Junta- documento que debe quedar derogado, como fecha última, el 28 de diciembre.
Ése es el plazo que marca la Disposición de Servicios de la Unión Europea a la que deben plegarse las normativas estatal y autonómica y que contempla, únicamente, la aplicación de criterios que se rijan por «razones imperiosas de interés general». Aquí caben los requisitos urbanísticos y de ordenación del territorio y los de protección del medio ambiente y del patrimonio histórico y artístico. Estas exigencias serán las que marquen la implantación de nuevas superficies comerciales y las consejerías de Fomento y de Medio Ambiente preparan sendos decretos para su aplicación.
Trazado urbano continuo
El que depende de la primera y que aborda la técnica urbanística sobre el equipamiento comercial, está prácticamente redactado y recoge la prohibición expresa del uso de suelo rústico para levantar estos centros, además de su localización «preferente dentro del sistema urbano continuo» y «sobre la red viaria principal», nada de carreteras secundarias. Habla también este decreto de una «mezcla equilibrada de usos» y apunta que se «evitará una localización excesivamente focalizada de grandes establecimientos», artículo que podría dificultar la apertura en la zona oeste de todos los proyectos que se han planteados entre Zaratán, Valladolid y Arroyo.
Flexibilidad
El decreto-ley que prepara la Consejería de Economía y Empleo para modificar la Ley de Comercio de Castilla y León hará más fácil abrir una gran superficie. De momento, los supermercados y establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados no tendrán que pedir licencia comercial, trámite que tampoco será necesario en las ampliaciones de instalaciones que no superen el 25% de la superficie del centro. La Unión Europea obliga a eliminar del proceso cualquier informe económico sobre el proyecto para el que se pide la licencia e impide que los competidores puedan participar en la concesión de la autorización. Eso finiquita el actual informe del Consejo Regional de Comercio.
Los dirigentes europeos son muy rígidos también con el abuso que las administraciones hacen del silencio administrativo y dan un toque de atención señalando que debe ser «positivo» por norma, salvo contadas excepciones. El decreto que elabora la Junta establece un plazo de tramitación de seis meses para la licencia comercial y los asesores jurídicos estudian en estos momentos esas 'excepciones' de denegación por silencio administrativo cuando se supere ese plazo sin respuesta por parte de la Administración.
Menos tiempo
La nueva regulación permitirá tramitar de forma simultánea la licencia autonómica comercial y las municipales (de obras, por ejemplo). En la actualidad, sin la licencia comercial en la mano no se puede empezar a mover papel alguno en los ayuntamientos.
«Nuestra obligación es aplicar la directiva europea, como lo es también velar por una implantación ordenada y equilibrada, porque el procedimiento es verdad que se agiliza y se hace más transparente, pero está perfectamente regulado. Aquí no se va a poner cada uno en el sitio que le parezca», argumenta Carlos Teresa, director general de Comercio de la Junta de Castilla y León, que envía un mensaje «de tranquilidad» al pequeño comerciante que ve con temor ese 28 de diciembre. «Les vamos a apoyar con un nuevo plan estratégico para que se adapten a la situación y puedan competir», precisa el alto cargo de la Consejería de Economía y Empleo que dirige Tomás Villanueva.
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