Letrados y expertos en derecho penitenciario de Castilla y León y de España cuestionaron ayer «la dureza» del sistema de internamiento en las cárceles españolas, que «lejos de facilitar la reinserción de los condenados prolongan su estancia en las prisiones» hasta el punto que rozan la cadena perpetua que existe legislada en otros países occidentales.
Unos 80 abogados participan desde ayer en Valladolid en el XI Encuentro Estatal de Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP), unos departamentos dependientes de los Colegios de Abogados en los que se asesora a la población reclusa. En la región esta cifra alcanza los 7.276 internos (76.323 en todo el país) repartidos en seis cárceles, lo que supone que Castilla y León es la quinta comunidad autónoma por número de presos.
Durante la jornada de ayer, Florencio de Marcos, juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, repasó algunas de las sentencias del Tribunal Supremo en las que se reconoce que las condenas en España «son excesivamente largas», al tiempo que señaló que con la Constitución Española «no cabe una pena de duración desmesurada como la cadena perpetua».
De Marcos, salmantino que ingresó en la carrera judicial en 1991, profesor de la UVA y que lleva 11 años adscrito a la supervisión de las condenas de los penados, recordó que el agravante de la reincidencia puede conducir a alargar las condenas. Este magistrado dijo que el «humanismo penitenciario» que se predica en las sentencias del Supremo es cuestionado ahora por parte del legislador con la ampliación de las condenas para los presos comunes. Hasta agosto pasado, de los 76.323 presos en España, 60.385 eran penados y 15.938 preventivos, y más de la mitad de ellos cumplían condena por más de un delito.
Cadena perpetua
Durante en encuentro de ayer, el letrado de Madrid, Carlos García Castaño, dijo que «la cadena perpetua existe ya de hecho aunque no de derecho en España», y se concreta en el proceso de acumulación de condenas a presos comunes que tiene lugar por la doctrina Parot (el preso de ETA al que se le aplicó la reducción de los beneficios penitenciarios por la condena total de años). En estos momentos 35 presos españoles (entre ellos el 'violador del ascensor') no han podido salir por la jurisprudencia de Parot. «Somos uno de los países de la UE donde se generan menos delitos pero tenemos más cárceles», dijo este letrado, para quien 'la doctrina Parot', concebida para presos terroristas, está perjudicando a delincuentes comunes con asesinatos reincidentes, agresores sexuales de menores y mujeres. Con las reformas recientes se ha pasado de 20 a 30 años el cumplimiento máximo que puede estar un preso en la cárcel, aunque para algunos de los abogados participantes se puede llegar hasta los 40 años. Para el profesor de la Universidad de La Coruña, José Ángel Brandariz, «los sistemas penitenciarios de España y Portugal son de los más severos de Europa». Brandariz dijo que en EE. UU. el debate no es endurecer las penas, «sino cómo volver a la rehabilitación».
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