Dos guardias civiles permanecen en la puerta del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet durante la operación que se lleva a cabo en la provincia de Barcelona por orden del juez Baltasar Garzón. / Efe
Confundida con una operación contra el terrorismo islamista
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha desatado en Barcelona una operación -denominada 'Pretoria'- contra la corrupción inmobiliaria a gran escala relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, en la que están implicados altos cargos de de CiU en los gobiernos de Pujol y responsables socialistas catalanes vinculados al ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con ocho detenidos y trece registros.
Comisiones urbanísticas millonarias, adjudicaciones amañadas de obras y de servicios públicos y blanqueo de capitales en paraísos fiscales. Éstas son las acusaciones que Garzón imputa a los supuestos implicados en la trama.
Los arrestados son el ex secretario general de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y el ex conseller Macià Alavedra, ex altos cargos del Gobierno de CiU que presidió Jordi Pujol, el ex diputado socialista Luis García, además del alcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, y el concejal de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa municipal de la vivienda Gramepark, uno de los pilares de la presunta trama, Manuel Dobarco.
Otros supuestos implicados que han sido detenidos son el director gerente de Servicios de ayuntamiento de Santa Coloma, Pascual Vela; Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa y LLuís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais.
Las acusaciones de delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales vienen, según las investigaciones, por los millones de euros ganados en un gran ‘pelotazo’ urbanístico en Santa Coloma hace ya una década, entre otros negocios de dudosa claridad. Se trata de una investigación iniciada en 2007. Las actuaciones se encuentran secretas, añadieron estas fuentes, que además desvincularon la operación de hoy con las llevadas a cabo en este mismo Juzgado contra la mafia rusa ('Troika' y 'Avispa').
Diversos registros
Además del registro en el Ayuntamiento de Santa Coloma, se han practicado otros en varios lugares de Barcelona capital, Hospitalet de Llobregat y Sant Andreu de Llavaneres. En Santa Coloma, los agentes han reclamado diversos expedientes y documentación de la Secretaría General, los Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática, relacionados con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción.
Bartomeu Muñoz, que no acude al ayuntamiento desde ayer porque estaba enfermo, es alcalde desde 2002, cuando Manuela de Madre dejó el cargo por motivos de salud. Fue concejal sin cartera desde la segunda legislatura, en 1983. Su padre, Blas Muñoz, también fue alcalde durante la transición democrática en la ciudad.
Siete años
La ‘operación Pretoria’ hunde sus raíces en una investigación iniciada por Baltasar Garzón en 2002 sobre el BBV y sus oficinas en las Islas Jersey. Durante la instrucción de esa causa (operación Petra), en 2005 aparecieron los nombres varios despachos de abogados barceloneses de abogados supuestamente relacionados con el envío de dinero para el blanqueo a ese paraíso británico del Canal de la Manchas. Y también salieron a la luz a partir de 2007 las identidades de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta.
Los nombres de ambos figuraban supuestamente relacionados con el envío de millonarias cantidades a Jersey con el fin de opacar ese dinero que procedería de un pelotazo urbanístico en Santa Coloma, en un solar que actualmente ocupa un centro comercial. Aquellos terrenos fueron subastados al principio de la década. Los compradores lo revendieron a un precio muy superior posteriormente antes de comenzar a edificar.
Luego, tras la construcción de los locales comerciales y un hotel, de nuevo esas propiedades cambiaron de mano, dejando tras de sí, según el sumario, un reguero de millones y comisiones que salpican a los otros siete detenidos y a una veintena más de sospechosos, cuyo papel en la trama Garzón y la UCO esperan aclarar con los documentos encontrados hoy en los registros, sobre todos en los de las sedes de las firmas municipales de promoción empresarial y urbanismo y Grameimpuls y Gramepark. Esta última, objetivo prioritario de la Guardia Civil, es la sociedad que gestiona desde hace 20 años la promoción de viviendas de protección oficial y la construcción de viviendas municipales y aparcamientos en Santa Coloma.
Comentario
inadecuado
