Cinco mil personas mayores sufren algún tipo de malos tratos cada año en una provincia en la que los mayores de 65 representan el 18,19% de la población. Y lo más preocupante, si cabe, es que prácticamente ninguno lo denuncia. Así lo puso de manifiesto el fiscal delegado para la protección de las personas mayores, Jorge Sena Argüelles, al inicio de un curso para fiscales sobre el asunto que acoge el Instituto de Estudios Europeos.
El especialista lamenta que en la actualidad sólo se investigan el 1% de los casos, es decir, apenas medio centenar en lo que se refiere al territorio vallisoletano. La explicación hay que buscarla en el síndrome de Estocolmo que llegan a sufrir muchas de las víctimas con sus agresores -similar al que padecen las mujeres maltratadas- y en las «dificultades existentes para probar una agresión».
La ausencia de una legislación específica, por un lado, y la falta de especialización en esta materia de los propios fiscales y cuerpos policiales tampoco facilita el inicio de una investigación de este tipo. De ahí que una de las pocas figuras existentes al efecto, es decir, el propio fiscal delegado, Jorge Sena, reclame la aprobación de una «legislación integral de protección de las personas mayores en términos similares a la existente de violencia sobre las mujeres».
Sería un primer paso para que la sociedad tome conciencia de un «grave problema» que, según los últimos estudios, afecta a más del 5% de las personas mayores de 65 años. «Tenemos que encargarnos de su protección porque así nos los pide la Constitución y así lo entendió el fiscal general del Estado al crear esta delegación al considerar a los mayores uno de los colectivos más vulnerables junto a mujeres y niños».
Jorge Sena, que fue nombrado hace año y medio, reconoce que algunos fiscales ni siquiera sabían de su existencia hasta hace unos meses. La mayoría de las denuncias que han pasado por sus manos en este periodo, en torno al 80%, estaban vinculados a «incumplimientos de la Ley de Dependencia» y apenas el 10% eran relativas a episodios de posibles malos tratos.
Tratamiento complicado
Estos últimos casos «con difíciles de tratar» cuando se refieren a residencias porque «siempre existirá una ley del silencio entre los propios médicos y el personal sobre si a la víctima, por ejemplo, se le tenía que sujetar o no», lamenta el también fiscal de la Sala Primera del Tribunal Supremo antes de concretar que «estaríamos ante un delito de retención ilegal».
«Necesitamos una legislación más acertada porque se trata de una exigencia de la sociedad y para eso es necesaria la implicación de la propia sociedad y de los poderes públicos», insiste el fiscal, quien recuerda que las previsiones de crecimiento de la población apuntan a que los mayores de 65 años supondrán el 20% de la población ya durante el próximo año.
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