CASTILLA Y LEÓN
El consejero destaca que «la autoridad sólo» no vale y defiende la norma que regula
los derechos y deberes de los alumnos y las medidas ante «conductas perturbadoras»
27.09.09 -
«Se puede expulsar a un chaval y será una medida necesaria, pero con eso no se acaba el problema, porque volverá al sistema educativo y cuando retorne a clase habrá que sacarlo adelante». Juan José Mateos, consejero de Castilla y León resume con esta valoración lo complicado que es hacer frente con éxito a conductas perturbadoras y de indisciplina que dinamitan la normalidad necesaria para que los alumnos de una clase saquen provecho de las enseñanzas del maestro. Una situación, cuando se da, que «no se resuelve sólo con autoridad», defiende el consejero, que considera positivo, no obstante, «toda iniciativa que refuerce el reconocimiento y el respeto por el profesorado en todo el ámbito escolar, no sólo en el aula».
Castilla y León cuenta desde el 24 de mayo del 2007 con un decreto que regula los derechos y deberes de los alumnos y las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos. «Seguro que puede mejorarse y se hará, si es necesario, buscando el consenso, pero nos está dando resultados», explica el máximo responsable de política educativa autonómica. Bajo la tutela de esta consejería hay 29.508 profesores de centros públicos y 7.394 de concertados, con una escolarización prevista para el curso que acaba de empezar de 353.301 alumnos, 3.281 escolares más de los que colgaron la mochila en junio pasado.
Convivencia
Ese decreto que por ahora es «suficiente» en Castilla y León obliga a reparar los daños y pagar los arreglos por destrozo de material ocasionado por gamberradas y actos vandálicos, regula desde la falta de puntualidad o la «utilización inadecuada de aparatos electrónicos» -léase teléfonos móviles-, a situaciones más graves, caso de las amenazas, el acoso, las humillaciones y vejaciones y las actitudes xenófobas. Las «medidas correctoras» van desde la amonestación escrita, la suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, el cambio de clase, la realización de tareas extraordinarias o la expulsión temporal, al cambio del alumno a otro colegio o instituto.
En los centros se han puesto en marcha comisiones de convivencia formadas por padres, alumnos y profesores y nombrado coordinadores de convivencia, en su mayoría maestros y profesores veteranos en el colegio e instituto, lo que garantiza experiencia y un mayor conocimiento del profesorado y de las familias. Casi la mitad de estos coordinadores lleva más de una década dando clase en el mismo centro. A ello se unen experiencias como las de los alumnos mediadores, «que involucran a los escolares directamente en la solución de los problemas que surgen».
Acciones judiciales
Pero hay veces que eso no funciona. Para esos casos está el servicio de asistencia jurídica a personal y alumnos de centros públicos (atención más amplia) y concertados. Funciona desde el 2006 y lo presta la aseguradora Arag. El teléfono 012 ofrece información sobre esta prestación.
Los abogados asistieron el año pasado a 65 profesores que decidieron denunciar agresiones físicas (4), insultos y amenazas (19), acoso del alumno o la familia (8), daños materiales (1) o acoso informático, lo que se conoce como 'ciberbullying' (4). También hubo 29 profesores que pidieron un letrado para su defensa ante denuncias de padres. La Consejería de Educación ha ganado todos los juicios celebrados hasta el momento en los dos cursos pasados por estas causas. La asistencia jurídica a alumnos víctimas de compañeros de clase respaldó, de septiembre del 2008 a junio del 2009, cuatro denuncias por palizas, 13 por acoso y otras 3 más por 'ciberacoso'. Las sentencias han fijado multas, libertades vigiladas, amonestaciones y arrestos de fines de semana.
El seguimiento del día a día en las aulas se hace en Castilla y León desde el Observatorio de la Convivencia Escolar. Los datos de incidencias no son alarmantes para la Consejería de Educación. Se registraron 818 el curso pasado, casi todas por desobedecer o molestar al profesor mientras daba clase.
La intención de la Comunidad de Madrid de convertir en autoridad pública a los maestros y profesores ha abierto un debate sobre el respeto al docente, «que puede ser positivo si de la polémica sale un diagnóstico y soluciones», afirma Juan José Mateos, que sitúa esta ley, si fuera necesaria, en el ámbito estatal. «Animo al Ministerio a que ejerza su misión coordinadora», concluye el consejero.
