25.06.09 -
Ninguno de los magistrados que a principios de la década de los 90 vivió en el Supremo la investigación del 'caso Filesa' sigue todavía hoy en ese órgano judicial. Pero en su código genético quedó grabado el no volver a repetir una experiencia como aquélla, que les convenció de que no es el tribunal adecuado para acometer investigaciones del calado de la que dirigió el fallecido Marino Barbero. El mal recuerdo de aquella investigación está en parte en la decisión de la Sala Segunda de dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la investigación del 'caso Gürtel', salvo lo que afecta a los dos aforados del PP.
Apenas unos minutos después, el magistrado Antonio Pedreira ordenó a la Policía Judicial acelerar la investigación sobre la trama de corrupción en ayuntamientos madrileños.
El magistrado autorizó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) los registros de los consistorios de Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, algo que la Policía Judicial había reclamado con insistencia para buscar los contratos y adjudicaciones a las empresas de Francisco Correa.
Los agentes reclamaron a los funcionarios municipales de ambas corporaciones los documentos sobre los negocios de nueve firmas: Special Events, Easy Concept, Down Town Consulting, Pasadena Viajes, Technology Consulting Management, Forever Travel Group, Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid.
Fuentes judiciales indicaron que la colaboración de los trabajadores municipales en ambas corporaciones fue total.
