BURGOS
La Consejería, que no recurrirá el auto judicial, extiende la suspensión cautelar delalto tribunal a los 106 alumnos que acudieron a la vía judicial contra la asignatura
Padres objetores de Educación para la Ciudadania de Salamanca, Soria y Valladolid en la presentación de recursos ante el TSJ en octubre.
La Junta de Castilla y León extenderá a 106 estudiantes el efecto del auto del Tribunal Superior de Justicia conocido ayer, que suspende cautelarmente la obligación de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía a 16 alumnos. La Consejería de Educación «acepta el auto» y no recurrirá la decisión de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, además de extender sus efectos a 106 estudiantes de la región que cursan este año la asignatura y cuyas familias han presentado recurso de reposición contra las resoluciones mediante las que se denegaba la objeción de conciencia.
El auto dictado por la sala tercera del contencioso-administrativo del TSJCYL estima la solicitud de medida cautelar «quedando en consecuencia sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluados» de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León».
El auto emitido ayer responde a un recurso contencioso administrativo presentado por dos personas contra la resolución del 4 de agosto del 2008 de la Consejería de Educación en la que se denegaba la solicitud de objeción de conciencia respecto a esta asignatura. Contra la resolución cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días.
Según reza el auto, «lo interesado es una medida cautelar de eximir de cursar una asignatura obligatoria sólo respecto de quien lo solicitan sus padres por razones de conciencia y sólo durante la tramitación del recurso jurisdiccional». La sala rechaza la afectación del interés del alumno que invocaban las partes demandadas -Junta y Ministerio de Educación- porque «el único perjuicio que existe, de accederse a la medida cautelar y posteriormente rechazarse el recurso, sería la falta de evaluación y necesidad de recuperación de la calificación, perjuicio que las demandadas no pueden oponer con la misma fuerza que los progenitores».
La sala recuerda que la parte demandante plantea que la asignatura «vulnera dos derechos fundamentales interrelacionados como son el derecho a la libertad ideológico y el derecho a decidir la formación moral» de sus hijos.
Comportamiento
El auto destaca que se establece «como criterio de evaluación no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento» y en los Fundamentos de Derecho destaca que «en relación con otros contenidos de esta y otras asignaturas se fije como criterio de evaluación que el alumno sepa analizar, comprender, identificar mientras que en relación con la interdicción de la desigualdad, se exija no solo su asimilación sino un comportamiento de rechazo activo y además solo se exija esencialmente respecto de la desigualdad entre sexos y no por otros motivos».
La Consejería de Educación reiteró ayer que mantiene su postura contraria a las asignaturas de Ciudadanía que se imparten en segundo y cuarto de la ESO y en primero de Bachillerato e insistió en que «han sido implantadas por imperativo legal en Castilla y León, aunque desprovistas de la carga ideológica en sus contenidos, circunstancia que ha motivado que el Gobierno central lo haya recurrido ante los tribunales».
La Consejería de Educación recordó que ha defendido que la asignatura debería haberse consensuado con todos los grupos políticos parlamentarios y que siempre ha mantenido que, dada la polémica y el conflicto que ha suscitado en la sociedad, «deben ser el Gobierno de la nación o, en su caso, los tribunales de Justicia quienes determinen la legalidad de su obligatoriedad».
Por su parte, José Manuel Cantera portavoz del Foro de la Familia en Burgos, «si algún padre de la región aún no había presentado su objeción por tener alguna duda sobre su validez, esta decisión debería dejarle las cosas totalmente claras». Cantera explicó que el recurso al que ha dado respuesta este auto fue presentado por una familia zamorana, pero que existen recursos en marcha desde todas las provincias de la región. El Foro Español de la Familia contabiliza más de 45.000 objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, 3.000 de Castilla y León.
