20.07.08 -
Un ciudadano se topa con siete cámaras de vigilancia en las calles de Íscar y presenta una queja por entender que son una intromisión en su intimidad. Los asesores del Procurador del Común inician sus pesquisas y encuentra un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta para sufragar el sistema de grabación en aras a mejorar la seguridad ciudadana, el tráfico y la respuesta de emergencias. Hasta ahí, todo correcto. Las cosas empiezan a torcerse cuando el Consistorio iscariense solicita a la Delegación del Gobierno autorización para instalar las cámaras en la calle. Sometido el proyecto a la Comisión de Garantías de Videovigilancia, sus integrantes concluyen que no se justifica el riesgo para la seguridad ciudadana y que sí pueden quebrar el respeto a la intimidad de las personas. Aún así, el Ayuntamiento hace caso omiso e instala, sin resolución expresa del propio Consistorio, el circuito de videovigilancia.
El Procurador concluye que se ha vulnerado la ley y conmina al Ayuntamiento a retirar las cámaras o dejarlas sin funcionar, recomendación que el alcalde aceptó.
