La Educación para la Ciudadanía será obligatoria en Castilla y León y la Junta no permitirá a los padres ejercitar la objeción de conciencia. El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteró ayer que «por imperativo legal, y lo subrayo, por imperativo legal», todos los escolares de Castilla y León deberán estudiar esta asignatura.

El recordatorio coincidió con el pronunciamiento de los obispos de Castilla y León animando a los fieles a ejercer su derecho a negarse a que sus vástagos estudien una materia que atenta «contra el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral de sus hijos».

Los prelados apuntan en su nota la «denuncia personal» de la ley como uno de los medios al alcance de los progenitores para impedir que sus hijos reciban una «doctrina moral» contraria a los principios familiares y recuerdan las sentencias de «varios tribunales» que han sentado precedente en este sentido.

Unos fallos judiciales que culminan unos recursos contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía que no se pueden dar en el caso de Castilla y León, según recalcó ayer el portavoz de la Junta. José Antonio de Santiago-Juárez argumentó que hace casi un año que la Consejería de Educación reguló por decreto el currículum de la asignatura y que del temario que se impartirá en colegios e institutos se ha eliminado cualquier «carga doctrinal». «Los contenidos que motivaron la sentencia de Andalucía no existen aquí. La asignatura se ha descargado de esos aspectos que tensionan un sistema educativo compuesto por profesores, escolares y también padres», matizó el consejero portavoz.

En septiembre

Castilla y León optó por alargar al máximo permitido por la ley la implantación de Educación para la Ciudadanía y será el próximo mes de septiembre cuando los alumnos de la región comiencen a estudiarla.

«Nos hubiera gustado que la asignatura fuera optativa, pero es obligatoria por ley y el Gobierno autonómico cumple la ley», precisó De Santiago-Juárez, quién añadió que los «perjudicados» en el caso de que la Junta permitiera a las familias ejercer la objeción de conciencia «serían los que menos culpa tienen, los niños».

El portavoz del gabinete de Juan Vicente Herrera aseguró que los escolares que no cursan, y por lo tanto no aprueban una asignatura, no pueden recibir el título oficial con el que se culmina una etapa educativa.

Estas dos cuestiones, la imposibilidad de acceder a la titulación oficial que garantiza haber superado un ciclo formativo y el hecho de que el currículum de la asignatura de la polémica «se haya vaciado de carga ideológica hasta el punto de que no tiene nada que ver con el de las comunidades socialista», serán los argumentos de la Junta para dialogar con las 1.090 familias que han mostrado su intención de ejercer la objeción de conciencia.