Testigos mudos de la catástrofe, los puentes sobre el río Guadiamar aún conservan una marca negruzca a tres metros de altura. Hasta ahí llegó, la mañana de 25 de abril de 1998, la riada de lodo tóxico procedente de la balsa minera de la empresa sueco-canadiense Boliden Apirsa. Diez años después, Aznalcóllar ha superado el episodio, que amenazó de muerte las marismas de Doñana, y ha conseguido recuperar y dedicar a uso público e industrial una zona para muchos desahuciada. La resurrección se ha completado sin que la compañía haya aportado aún un euro de indemnización. Los ecologistas alertan además de nuevos peligros.

Frenar aquella marea negra fluvial costó dos días de infarto, con un tropel de voluntarios, vecinos, ecologistas, técnicos y los propios arroceros de las marismas, construyendo diques para contener el vertido en el umbral mismo de Doñana. Las tareas posteriores de limpieza llevaron dos años. Se consiguió eliminar el 99% de los contaminantes. Comenzó entonces el proyecto de rehabilitación de la zona afectada, que ha conseguido dejar el entorno «mejor de lo que estaba antes del vertido», destaca Fernando Hiraldo, hoy director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y uno de los primeros investigadores que llegó al lugar.

La labor del equipo científico ha sido reconocida en diversos foros internacionales y a quienes trabajaron en Aznalcóllar se les considera un referente para establecer criterios sobre suelos contaminados. Tras prohibirse cualquier actividad agrícola o ganadera, las administraciones expropiaron cerca de 4.500 hectáreas para regenerar la cuenca del río. Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central dieron prioridad a la catástrofe e invirtieron 200 millones de euros en descontaminar la zona y convertirla en un corredor ecológico que cruza la provincia de Sevilla y enlaza Sierra Morena con Doñana, mejorando la biodiversidad de la zona. Los científicos del CSIC y los ecologistas reconocen que es así, aunque el trabajo «no se ha rematado». Dicen que la nueva cubierta vegetal no se ha conectado con la masa forestal de Doñana y que los verdaderos ocupantes de la cuenca no son los animales sino los 'quads' y las motos.

Ni un solo euro

De momento a Boliden Apirsa le ha salido barato destrozar casi 5.000 hectáreas de terreno. La empresa sueco-canadiense no ha pagado un euro.

Después de un rocamolesco proceso y del cese de la actividad de la empresa en 2000, un año después la Audiencia provincial cerró la vía penal al archivar la denuncia contra la compañía minera y las empresas constructoras de la balsa. Poco después, un juzgado de primera instancia se inhibió al considerar que el pago de la compensación debía instruirse por la vía administrativa. Entonces fue Boliden quien recurrió a esta modalidad para evitar el pago de la compensación, y en 2007 el Tribunal Superior de Justicia andaluz le dio la razón y anuló el procedimiento reclamatorio de la Junta por los 90 millones al considerar que carecía de competencias de 'autotutela'. Además, instó a retomar la vía civil, por lo que el ejecutivo regional ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para dilucidar qué tribunal es competente.

La empresa minera se enfrenta, además, al embargo de 141 millones de euros, debido a la suspensión de pagos para evitar las indemnizaciones.