La asociación de propietarios Unión Sanabresa inició ayer una campaña de recogida de firmas contra la redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Lago de Sanabria. El vicepresidente y experto legal de la asociación, Antonio Rodríguez Oliveira, precisó ayer que los territorios incluidos en el Plan de Ordenación suponen una «ampliación encubierta del parque». Las sucesivas legislaciones que se han aplicado sobre este espacio «han supuesto un mayor territorio para el parque, mayores restricciones, menor presencia de la población asentada en los órganos de decisión y menores derechos de los propietarios, entre ello las Juntas Vecinales de Montes».

Tras la asamblea general del pasado sábado la asociación ha recabado decenas de inscripciones de propietarios afectados dentro y fuera del parque, y en particular del municipio de Cobreros, uno de los más perjudicados por la ampliación.

El representante de la asociación argumentó que «la ley Estatal 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo del Mundo Rural, así como la Ley Autonómica 8/1991 de 10 de mayo de Espacios Naturales obligan a compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio Ambiente». La ley autonómica tiene como otro de sus objetivos, en el artículo 12, «reconocer los derechos históricos de la población asentada».

Las legislaciones fijan los medios para «informar y compensar a los habitantes». En el caso del PORN, la Junta está obligada a poner a disposición de los interesados «un documento resumen con planos entendibles para los no expertos». Anterior a esto debe existir un Plan de Uso y Gestión -que no existe en el caso del Parque Natural- que entre otras cosas fije «las ayudas técnicas y económicas destinadas a compensar las limitaciones» que se produzcan por la protección del medio ambiente. Unas ayudas que no sirve sólo con anunciarlas, sino que «tienen que establecer en qué partidas económicas presupuestarias estarán incluidas y que haya asignación presupuestaria».

«Correr tras las ovejas»

La asociación exige de la Consejería de Medio Ambiente que cuente con los habitantes asentados, los propietarios y las entidades locales, además de facilitar «toda la documentación sobre lo que piensan hacer, y que nos expliquen cómo nos van a compensar».

El vicepresidente segundo de la asociación, Pedro Fernández, recalcó que la intención de la Junta es «establecer zonas de paso prohibido dentro del parque como zonas de regeneración de determinadas especies vegetales, lo que limitará el acceso del ganado, del poco ganado que queda».

Las zonas de especial protección «suponen otro problema porque además de vigilar que el lobo no te coma el ganado tendremos que vigilar que las ovejas no se coman lo que no deben. Esa es la calidad de vida que nos van a ofrecer, correr detrás de todas las ovejas». Para el representante del colectivo, «la Junta no se ha preocupado del avance socioeconómico, ni del parque ni de la comarca». La falta de inversiones «es ahora más grave con la gestión de un bien público por parte de una empresa semiprivada como la Fundación Patrimonio Natural, que nadie sabe lo que es».