El representante de la organización UPA, Pedro Fernández, anunció ayer la creación de una plataforma que se opondrá al Plan de Gestión del Parque Natural del Lago que prevé ampliar su implantación a espacios no incluidos dentro del Parque, y que afectan al término de Cobreros, entre otros. Fernández calificó de «usurpación, abuso y engaño esta ampliación encubierta del Parque».

Ayer se reunieron representantes de las Juntas Vecinales de Castro, Cobreros y Sotillo para esclarecer la zona que afecta a los montes que reclaman como vecinales en Mano Común y que figuran como Montes de Utilidad Pública catalogados por la Junta. Al cierre de la edición continuaba la reunión.

Fernández recalcó la importancia de personarse en el expediente «porque en el plan de gestión se van a regular todas los actividades que se hacen en el parque, y en particular las que afectan a los residentes. Por el interés que pone la Junta en materia turística se va a potenciar esta actividad en contra de usos tradicionales».

UPA pone a disposición «sus servicios jurídicos a todos los propietarios afectados». Como representante mayoritario del colectivo en el Parque «no permitiremos que la Junta efectúe ni un solo recorte sobre los derechos y las propiedades que hemos heredado y mantenido».

Tachó la propuesta de «expolio de los bienes del patrimonio de los pueblos porque perdemos la capacidad de gestión de nuestras propiedades». Con expresiones duras Fernández recriminó «solo nos queda que nos metan en un campo concentración a todos los habitantes».

El territorio que se recoge en la propuesta de la Consejería «es una venganza de la Administración, y en particular de los responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente, contra las Juntas Vecinales de Montes del territorio». El representante de UPA exigió a la Junta «que agilice los trámites que le competen como los 60 expedientes de Montes Vecinales paralizados por el capricho de un funcionario». Acusó a la Administración de «incumplir el auto judicial sobre el monte Sacovillo que le obliga a inscribirlo como monte vecinal».

El planteamiento del Plan «es una cacicada, lo mismo que fue en 1990 la ampliación del Parque sobre Cobreros». El delegado de UPA recordó que «los consorcios forestales de los años 40 y 50 se hicieron sin la autorización de los propietarios y contra agricultores y ganaderos. Se ejecutaron mediante expropiación y compras ilegales porque como montes vecinales eran inembargables e inalienables». Para UPA, «la propiedad de los montes está claramente reflejada en el Registro de la Propiedad de Puebla a nombre del Común de Vecinos».