La Policía Nacional ha detenido a doce personas, tres de ellas por explotación laboral y las nueve restantes por estancia irregular en el país, durante una operación llevada a cabo en distintas obras de construcción que se estaban realizando en las localidades de Autilla del Pino y Grijota y en algunos pueblos de Valladolid.

Uno de los detenidos, M. D. S., de 26 años, de origen portugués, ejecutaba obras con su empresa constructora, que contrataba trabajadores en situación irregular, ya que carecían de contrato de trabajo y de afiliación a la Seguridad Social, además de no percibir los salarios estipulados. Otro de los detenidos, D. E. L. Y., de 47 años, de nacionalidad ecuatoriana, era propietario de otra empresa dedicada también a la construcción, que llevaba a cabo el mismo método a la hora de realizar las contrataciones.

El tercero de los arrestados, J. C. F., de 37 años, brasileño, era el capataz de D. E. L. Y., al que se le imputa también un delito de falsedad documental al utilizar un seguro social portugués para contratar a otro trabajador y usurpar el estado civil del titular de la documentación.

Según la Policía, los tres detenidos ofrecían a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos brasileños y otros procedentes de países del este de Europa, la posibilidad de trabajar para sus empresas, a cambio de un salario mínimo y con la convicción de que no se atreverían a presentar denuncia ante la Policía por temor a ser expulsados. Algunos eran introducidos en España desde Portugal.

En el transcurso de las investigaciones la Policía Nacional ha detenido además a nueve ciudadanos extranjeros por encontrarse en situación irregular en territorio nacional. Todos ellos estaban trabajando en las empresas de los detenidos como presuntos autores de explotación laboral e inmigración irregular.

Las empresas están constituidas y radicadas en Portugal, donde mantienen su domicilio social y que subcontrataban obras de cuya propiedad y promoción son titulares sociedades españolas. A los detenidos por estancia irregular se les ha incoado el correspondiente expediente administrativo sancionador.

La operación policial, que había comenzado el pasado mes de enero, ha estado apoyada por los servicios de la Inspección Provincial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, en labores de investigación en las obras.